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 por Michel Frantz Grandoit / Jaime Canfux / Myrna Rivas Nina / Miriam Camilo Recio
Reporte sobre el estado actual de la educación de personas jóvenes y adultas en Haití, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana |
INFORME DE PUERTO RICO
Myrna Rivas Nina
Con este informe de investigación Puerto Rico se inserta por primera vez en un esfuerzo latinoamericano y caribeño por comprender el desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas de la mano de dos destacadas instituciones: el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL). Dentro de un escenario internacional en el que no siempre logra cabida, Puerto Rico tiene mucho que aprender, analizar y aportar. ¿Dónde estamos?, ¿quiénes somos?, ¿cómo vivimos?, ¿cómo es nuestro sistema educativo?, ¿cómo determina la relación con los Estados Unidos de América nuestras políticas educativas?, ¿cómo está el desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA)?, ¿cómo la definimos?, ¿qué ha ocurrido entre los años 2000 y 2005?, ¿hacia donde vamos en EPJA?, ¿existe una agenda? Éstas son algunas preguntas que trataremos de responder a lo largo de estas páginas.
A modo de recuento:
A primera vista en el país se podría identificar un alto nivel de ingresos, y se podría suponer una agenda educativa, incluyendo la educación de jóvenes y adultos, suficientemente encaminada y completa. No obstante, una segunda mirada nos revela una realidad mucho más cruda y preocupante: casi la mitad de la población de Puerto Rico vive en la pobreza, el país tiene un coeficiente de desigualdad social alto y la lucha político partidista, la corrupción y la burocracia definen muchos ámbitos de la política pública y la educación. La educación de personas jóvenes y adultas, en este contexto, no sólo no ha sido la excepción, sino que ha sido la parte más olvidada de la educación.
En el último siglo, la educación, al igual que otros ámbitos del país, han sido fuertemente influenciados por las legislaciones y las decisiones del Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), más que por la voluntad de diseñar una política pública coherente, articulada y en sintonía con las necesidades del país. El reto del momento es la obligación de cumplir con la Ley Federal de EUA “No Child Left Behind”, y como en otras ocasiones, la definición de las áreas de prioridad de la educación de Puerto Rico desde la propia realidad puertorriqueña ha pasado a segundo plano. Cabe mencionar que una tercera parte del presupuesto de educación proviene de los EUA.
Los datos demográficos y socioeconómicos nos muestran una tasa de participación en el mercado laboral bastante baja, especialmente entre las mujeres; estructuras familiares complejas (36% de los hogares con hijos menores son encabezados por una mujer) que han sido trastocadas con varias generaciones fuera del mercado de trabajo, inmersas en un sistema de subsidios gubernamentales procedentes de EUA; y una marcada presencia de problemas sociales, como el abuso en el consumo de drogas y la violencia en sus múltiples manifestaciones, lo cual ha impactado directamente a varias generaciones de jóvenes varones, que presentan altas cifras de “deserción”
de las escuelas y se suman cada día a una de las tasas más altas de población recluida en cárceles en América Latina.
El nivel educativo de la población ha aumentado en las últimas décadas, pero los millones de dólares que anualmente se destinan para la educación y la EPJA no están redundando en una mejor calidad de vida, en un entorno más justo, más sano, más productivo y más consciente de su medio ambiente. Tampoco está suponiendo un cambio en el entorno el hecho de que cada vez más personas (la tercera parte de la población) posea un título universitario.
El Censo, diseñado también en los EUA, sacó de la discusión pública el analfabetismo; ya no se pregunta a la gente si sabe leer y escribir. Las cifras recopiladas hasta 1990 indicaban que aunque bajó considerablemente durante todo el siglo XX, la proporción de personas analfabetas se había estancado desde 1970 en torno a un 10.8% con un perfil más femenino que masculino.
Por otro lado, si bien la Constitución de Puerto Rico valora la educación y al ser humano, el espíritu de la Constitución no se ha traducido en un sistema de educación pública efectivo. Por décadas las áreas de debilidad son documentadas en estudios e informes que sin embargo no han traído consigo los cambios que se requieren: un currículo más pertinente, una escuela más presente en sus comunidades, maestras y maestros mejor preparados, el combate al gigantismo administrativo y la excesiva centralización, entre otras. Propuestas como la descentralización, regionalización y municipalización de las escuelas levantan fuertes críticas de las organizaciones que agrupan al magisterio, pero la idea de tener su propia escuela se presenta como una alternativa para cada vez más municipios y comunidades.
Aunque el discurso de la no discriminación tiene presencia visual en todos los ámbitos, no existe una conciencia plena sobre cómo incorporar el respeto a los demás en la conceptualización de la educación. Hay varias agendas pendientes en beneficio de una sociedad más respetuosa de la diversidad y las nuevas identidades, como por ejemplo la discusión abierta sobre la igualdad étnica, racial y de género, así como la escucha urgente y proactiva de los reclamos de sectores específicos y a la vez diversos, desde las luchas más sólidas y reconocidas (como las de personas con discapacidad, las recluidas en cárceles y las mujeres) hasta las luchas todavía emergentes de ecologistas, inmigrantes, personas mayores de 65 años y homosexuales, entre otros. La vía legal parece ser el denominador común en varias de estas luchas.
La historia de Puerto Rico cuenta con excelentes resultados de la puesta en marcha de políticas de EPJA, en especial durante las décadas de los 40 y 50 con las escuelas rurales y la División de Educación a la Comunidad, entre otras, que tuvieron un importante impacto en la disminución del analfabetismo, pero también fueron excelentes ejercicios democráticos de participación ciudadana, convivencia comunitaria y promoción de propuestas culturales y artísticas nuevas. Estas iniciativas fueron de la mano con un intenso proyecto de desarrollo económico hacia la industrialización de la isla, que requería escuelas vocacionales y programas de formación o adiestramientos
acelerados.
A partir de la década de los 60, todo el espectro de la EPJA pasa a un plano de invisibilidad y ambigüedad en Puerto Rico. En un escenario de aparente estabilidad y seguridad no se identifica como prioritario invertir en ese rubro de la educación que sirve para toda la vida. Pero no sólo será la EPJA la que pasa a un segundo plano; la educación en general entra en un fuerte mutismo y los esfuerzos de reformarla se quedan en informes y comisiones. No es sino hasta finales de los 80 que comienza a trabajarse la necesidad de integrar las diversas agencias gubernamentales relacionadas con la EPJA y de promover la participación de otros sectores de la sociedad (empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones postsecundarias, etc.), pero el esfuerzo no echa raíces debido al cambio de administraciones.
Dos propuestas de políticas públicas más contemporáneas, a partir del año 2000, abordan aspectos específicos de la EPJA. Por un lado, el proyecto de las llamadas “comunidades especiales”, que establece como política pública la lucha contra la pobreza, la promoción de la autogestión y el apoderamiento en barrios pobres; incluye un compromiso por erradicar el analfabetismo en 2008 (Proyecto de Alfabetización “La magia de leer”) y la formación de líderes, por primera vez en décadas. Pero como apunta su evaluador Bernardo Kliksberg, no se acompañó de formación para la generación de empleo o el desarrollo de empresas. La segunda propuesta llega desde la presente administración; en esta ocasión la apuesta son los jóvenes, en particular los llamados “desertores” escolares. La novedad de esta política pública emergente reside en que están siendo las organizaciones comunitarias sin fines de lucro (ONG), reside en que están siendo las organizaciones comunitarias sin fines de lucro (ONG), algunas de las cuales son reseñadas en este informe, las que lanzan al gobierno sus propuestas innovadoras, sus modelos de trabajo desarrollados desde hace décadas, y proponen convertirse en socias.
Pero más allá de estas iniciativas, ¿cómo es la estructura puertorriqueña que atiende la educación de personas jóvenes y adultas? Podemos decir que una muy desarticulada y que no se define a sí misma como tal. El sistema educativo de Puerto Rico muestra una fuerte separación entre dos filosofías: la educación por el conocimiento y la pragmática, que orienta al mundo de las ocupaciones. Se identifican como compartimientos separados: por un lado, el Departamento de Educación (DE), con un Programa de Educación para Adultos que incluye alfabetización y servicios educativos a poblaciones que habían salido de la escuela, pero muy diversas en edades e intereses, a las que se les provee la vía (mayormente en escuelas nocturnas) para lograr obtener el diploma de “cuarto año” (secundaria); por otro lado, y respondiendo a otra mirada, el DE tiene las escuelas vocacionales, enfocadas recientemente hacia la tecnología. Aunque algunas escuelas vocacionales se han destacado, el foco del Departamento de Educación ha estado fundamentalmente en lo académico.
Otra entidad relacionada con la EPJA es el Consorcio de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos del Departamento de Trabajo, que distribuye millones de dólares (fondos de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora de los EUA —Ley WIA, por sus siglas en inglés—) a consorcios municipales que desarrollan formación para el empleo según las necesidades de sus zonas. Pero los consorcios inicialmente concebidos para lograr mayor agilidad, tanto para quien busca formarse en un empleo o encontrar empleo, como para el que busca emplear a una persona, se han convertido en estructuras complicadas, costosas y no tan eficientes como se esperaba; más aún, la formación para el empleo que se ofrece en Puerto Rico no responde a las expectativas del mercado, y concretamente de los patrones. Estudios recientes en Puerto Rico sacan a la luz que los patrones actualmente no están en busca de empleados y empleadas con mayores grados académicos sino más bien con cualidades nuevas, por ejemplo, capaces de trabajar en equipo, tomar decisiones, que posean múltiples destrezas interpersonales y una buena actitud hacia el trabajo, etcétera.
El análisis del marco presupuestario confirma lo que la revisión de las políticas públicas y las estadísticas nos adelantaba: la educación de personas jóvenes y adultas ha ido perdiendo peso relativo, participantes y también fondos. A pesar de ello, se estima que en Puerto Rico se destinan 540 millones de dólares a este rubro, pero ¿cómo se traducen en la gente, en la economía, en la calidad de vida del país, en la creación de empleos, de empresas, etc.? Todo indica que el impacto es muy bajo.
La formación de educadores de personas jóvenes y adultas es una agenda pendiente; aunque se ha aprobado recientemente una certificación para maestros y maestras, no se identificó una oferta de cursos en esta dirección, aunque sí debe destacarse el Marco Curricular para el Programa de Educación Vocacional Industrial que ha desarrollado el Departamento de Educación, dirigido a especialistas de currículo, evaluadores, maestros y profesores universitarios que forman maestros, entre otros sectores. Salvo excepciones, la formación de profesores en instituciones postsecundarias es una taea pendiente y necesaria, si observamos la tendencia hacia una población universitaria cada vez de mayor edad.
En Puerto Rico tampoco ha habido un desarrollo articulado y sostenido de investigación y foros de discusión en torno al campo educativo que nos ocupa. No obstante, aunque la investigación en general no ha sido un área de prioridad en las universidades ni en las agencias gubernamentales, pudimos identificar una extensa lista de trabajos de tesis sobre temas específicos de la EPJA, como la “deserción” escolar, los servicios educativos a personas con discapacidad y el análisis de las competencias de los educadores de personas adultas.
Finalmente, el informe presenta seis experiencias exitosas que bien valen la pena ser contadas y dadas a conocer internacionalmente. Todas han sido desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria, que en su mayoría cuentan ya décadas trabajando en la EPJA y transformando sus comunidades. En PECES observamos una organización con múltiples éxitos, que no sólo decidió hacer su propia escuela para jóvenes “desertores” escolares contra viento y marea, sino que también luchó por administrar la reserva natural que le rodea y formar empresarios en sintonía con el ambiente, que hoy viven de su trabajo. ASPIRA, por su parte, nace de las y los inmigrantes puertorriqueños en la ciudad de Nueva York; sus luchas también se han desarrollado en diversos frentes y su fundadora, Antonia Pantoja, no sólo creó escuelas comunitarias sino también universidades. La organización ha luchado por la inserción de las minorías en la universidad; incluso ganó un caso legal contra el estado de Nueva York y actualmente tiene una fuerte apuesta por la tecnología que la ha llevado a crear una gran alianza de entidades locales e internacionales, públicas y privadas, llamada “Conectando a Puerto Rico”. ASPIRA busca promover un modelo de desarrollo económico anclado en la economía del conocimiento, siempre desde la genuina perspectiva de una organización de base comunitaria.
Los Centros Sor Isolina Ferré también han creado varias escuelas y una entidad postsecundaria, el Trinity College (cuyo lema es “Educando para la vida”, ya que no sólo forma sino también ubica a sus estudiantes en el mundo laboral). Su modelo de intercesores permea todos sus proyectos. Una de sus escuelas, en el Barrio Caimito, diseñó un modelo de intervención con jóvenes “desertores” desde una mirada alternativa al sistema tradicional, cuya expresión teórica se encuentra plasmada en un documento titulado “Cómo lo logramos en el Centro”. Hogar CREA, por su trabajo educativo con la población en rehabilitación de drogas, y la Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios (CAPEDCOM), por la construcción de alianzas, también son experiencias para compartir. Finalmente, se presenta Nuestra Escuela, que aunque es la organización más reciente de las reseñadas, ha logrado grandes avances: no sólo creó una escuela para jóvenes “desertores” y fueron premiados por la Organización de Estados Iberoamericanos (premio “Escuelas que hacen Escuela”), sino que, además, dio el gran paso de ayudar a redefinir la política pública del gobernador hacia los “desertores” escolares, para que ahora sean las organizaciones de base comunitaria las que propongan y trabajen con esta población.
Pese a estas experiencias de éxito, la agenda en torno a la educación de personas jóvenes y adultas en Puerto Rico requiere tiempo, esfuerzo, compromiso, diálogo y premura. Confiamos en que este informe sirva de herramienta para la discusión.
Agradecimientos
Agradezco al CREFAL y al CEAAL la oportunidad de llevar a cabo este estudio y formar parte de esta investigación internacional. Confío en que el informe llenará sus expectativas. Agradezco a la Sra. Aída Cruz, representante del CEAAL en Puerto Rico, por su apoyo y sus comentarios en el proceso. Agradezco también al profesor Manuel Lobato, catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico, y a su equipo del Proyecto tendenciaspr.com el enorme apoyo en la elaboración de este informe, así como a los hombres y mujeres que colaboran en las organizaciones reseñadas, investigadores, funcionarios de diversas agencias y educadores. Gracias por la información compartida; no obstante, recae en esta servidora la responsabilidad del análisis realizado, sus conclusiones y recomendaciones.
